Publicado en PÁGINA 12
ROBERTO SCHLAGEL Y CARLOS BRANCA, RECICLADOS COMO ABOGADOS DE POLICIAS
Quién dijo que no se vuelve del escándalo
Se conocieron en Caseros: Schlagel, ex secretario de Bernasconi, condenado por el caso Coppola; Branca, ex juez, acusado de proteger contrabandistas. Ahora ambos están libres y unidos: son letrados de uno de los policías acusados de extorsionar a un comerciante.
Por Horacio Cecchi
Ambos se conocieron en Caseros, en el viejo penal ahora en desuso. Los códigos carcelarios y los guisos afianzaron su amistad. Uno tiene libertad condicional y el otro, en libertad, aguarda el juicio. Ambos fueron conocieron la ley del lado del mostrador de la justicia: Roberto Schlagel fue secretario del ex juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, hasta que el caso Coppola II lo condenó a 8 años de prisión. Carlos Branca fue juez de instrucción y por poco tiempo magistrado federal, hasta que un ex combatiente de Malvinas lo denunció por proteger a contrabandistas. Fue destituido por el Senado y detenido hasta que logró su excarcelación y aún aguarda la fecha del debate oral. Los dos se declararon inocentes, víctimas de una asonada política, de maniobras en su contra. Ahora, ambos son socios letrados en un caso de extorsión de cinco policías contra un comerciante. El caso es conocido por el nombre de pila de la víctima: Desiderio. Schlagel y Branca no representan a Desiderio sino a uno de los policías.
Desiderio es sólo el nombre del comerciante. Su apellido se mantiene en reserva. Chaqueño, dueño de una gomería y un bolichito en Glew, padre de 11 hijos, Desiderio regresaba a su casa en su camioneta con su hijo de 3 años, el 11 de abril del año pasado, cuando fue interceptado por dos policías de civil de la 30ª, de Constitución y trasladado a la seccional donde, sopapos mediante, le exigieron colaborar con 2 mil pesos.
Los abogados de Desiderio, María del Carmen Verdú y Daniel Stragá, de la Correpi, presentaron la denuncia. Dos días después, un operativo con cámara oculta incluida terminó con la detención de cinco policías: el subcomisario Edgardo Cejas, el subinspector Mario Machado, el sargento Domingo Castiglione, el cabo primero Roque Mona y el cabo Jorge Fernández. Tras la indagatoria, los cinco pasaron a hospedarse en el penal de Caseros, en el pabellón especial destinado a funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad. Estuvieron allí hasta las postrimerías del año y de la vida del penal, cuando todos debieron mudarse a la nueva UP 2 de Marcos Paz. Allí permanecen aún hoy, a la espera del juicio oral.
Los cinco compartieron días y horas con una diversidad de camaradas de fuerza y funcionarios judiciales. Entre ellos, el ex secretario de Bernasconi, Roberto Schlagel, que cargó parte de la fama de su ex jefe en diversas causas trabajadas en Dolores, como las de Guillermo Coppola y Alberto Tarantini. En la primera como secretario instructor. En la segunda, en el banquillo de los acusados, junto al ex terceto de elite de la Bonaerense, Tony Gerace, Daniel Diamante y Carlos Gómez.
En su extenso alegato –llevó 19 minutos–, Schlagel apeló a los sentimientos del tribunal al reconocer que “lo más difícil es arrastrar el estigma de estar preso porque nadie cree en mis dichos”. Después pidió lisa y llanamente su absolución aunque reconoció: “Yo ya perdí”. Su pedido de absolución fracasó y los 19 minutos de alegato sólo le sirvieron para reducir el pedido de condena del fiscal, de 8 años y 9 meses a 8 años.
Durante su estancia en Caseros previa al juicio, mientras preparaba pastas al dente o algún guiso, Schlagel se fue haciendo amigos: los ex jueces Carlos Branca y Carlos Wowe. “Excelentes personas”, los definió alguna vez. Con Branca no sólo compartió los sinsabores de un guiso: a ambos quisieron apuñalarlos delincuentes condenados cuando militaban del otro lado del mostrador.
Carlos Jorge Branca, ex juez federal, fue acusado en febrero del ‘97 de proteger a contrabandistas, en causas colaterales a la de la Aduana paralela. El 27 de diciembre del ‘97, después del jury ante el Senado, cruzó los umbrales de Caseros, hacia dentro, para comer pastas, guisos y ganar un amigo: Schlagel. A comienzos del ‘98 los dos amigos se separaron: Branca pasó a una celda del edificio Centinela, de la Gendarmería, y Schlagel siguió haciendo guisos en Caseros. El 29 de octubre del ‘98, Branca logró la libertad bajo fianza de 30 mil dólares. Su caso fueelevado a juicio bajo la calificación de asociación ilícita y contrabandos agravados reiterados. Aún aguarda que se resuelva el diferendo entre el fuero penal económico y el penal, que determine qué tribunal llevará adelante el juicio.
El sargento Castiglione no conoció a Schlagel en Caseros, pero seguramente degustó las pastas al dente del ex secretario de Bernasconi, en el módulo dos de Marcos Paz. Fue un tiempo breve, aunque se sabe, en la cárcel las horas duran siglos. El 2 de febrero pasado, cuando Schlagel cruzó la puerta del penal para quedar en libertad condicional, Castiglione perdió un cocinero, pero ganó un letrado. Sus dos abogados, Valverde y Terragni, acababan de renunciar y convocó a Schlagel. Y éste, en su primer caso como abogado desde hace años, pero con los códigos de adentro aún frescos, trajo consigo a su amigo Branca.
Ninguno con problemas ante la justicia –Schlagel cumplió condena, y Branca es inocente hasta que se demuestre lo contrario–. Ninguno con imposibilidad de ejercer como letrados, pese a pequeños problemitas inconducentes y formales: Schlagel no pagó las matrículas anuales del ‘92, ‘93 y ‘94, hasta que el Colegio de Abogados amagó con un juicio y canceló la deuda. Hoy está al día. Branca adeuda 84 pesos del 2000 y 78 del presente ciclo, pero la deuda no inhabilita hasta la tercera matrícula impaga. Junto a ellos, en el juicio y representando a Machado y Mona, estará Mariano Cúneo Libarona, apenas con 40 días entre rejas en el ‘97, cuando por sus manos había pasado un video de la causa AMIA que alguien había robado del juzgado de José Galeano.
Dos destinos unidos tras las rejas
Roberto Schlagel.
Roberto Schlagel conoció la fama mientras era secretario y mano derecha del ex juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, el magistrado que encarceló al ex futbolista Alberto Tarantini y al manager de Diego Maradona, Guillermo Coppola, por tenencia y tráfico de drogas. Cuando Tarantini salió en libertad, presentó una querella por falsa acusación contra el magistrado, su secretario y los policías que habían colaborado reuniendo evidencias: Daniel Diamante, Antonio Gerace y Carlos Gómez. A esa querella se le sumó, meses después, la de Coppola, que fue sobreseído. Schlagel fue detenido en mayo de 1997, acusado de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. Durante el juicio oral señaló que, durante los dos años que llevaba detenido, ya había “perdido mucho”, y pidió la absolución como “reparación” por tanto sufrimiento. El tribunal no lo escuchó: fue condenado a ocho años de prisión. El 2 de febrero de este año quedó libre, por la ley del dos por uno.
Carlos Branca.
El ex juez federal Carlos Branca cayó en desgracia en febrero de 1997, tras ser señalado por su colega Guillermo Tiscornia como protector de una banda de contrabandistas que operaba en el puerto de Buenos Aires y en el Aeropuerto de Ezeiza, en la causa que se conoció con el nombre de “aduana paralela”. El principal elemento que involucró a Branca lo aportó un ex combatiente de Malvinas e integrante de la banda, Marcelo Paolini, que reveló las actividades del grupo ante la comisión de legisladores que investigaban el caso, y participó de una cámara oculta que terminó de hundir al juez. El juicio político que el Congreso le había iniciado en diciembre de 1997 a quien fuera señalado como uno de los jueces “de la servilleta” de Corach terminó en destitución. El 27 de ese mes, tras declarar ante el magistrado Jorge Brugo, Branca quedó detenido, acusado de los cargos de “asociación ilícita y contrabando”. El ex juez estuvo preso casi un año, y el 28 octubre de 1998 obtuvo la excarcelación. El juicio oral en su contra aún no tiene fecha de inicio.
LAS IDAS Y VUELTAS DE LA CAUSA
Demoras sospechosas
Por H.C.
En noviembre, el caso Desiderio entró en una zona oscura cuando se internó en las comidillas internas de Tribunales: se produjo un sorprendente cruce de denuncias entre dos abogados de los policías, la fiscal y los jueces. Los letrados acusaron al tribunal de ejercer un apriete, comunicado supuestamente por boca de la fiscal. El tribunal elevó la denuncia a la Procuración General y se inhibió de seguir entendiendo en el caso. Fuentes judiciales consideran la hipótesis de que todo consistió en una maniobra de los abogados para justificar la recusación de la fiscal. De todos modos, el caso Desiderio cambió de tribunal y aguarda fecha para el debate.
La confusa historia comienza en noviembre del año pasado, cuando la fiscal Diana Goral citó a los defensores y sus defendidos para proponerles un juicio abreviado, o sea, que ellos reconocieran su culpabilidad a cambio de fijar penas menores dentro del rango de penas establecidos por la ley. Ninguno aceptó. Hasta ese punto todo es cristalino y legal. Pero el 6 de diciembre, los abogados Arditti (de Edgardo Cejas) y Terragni (de Domingo Castiglione) se presentan ante el tribunal 6 para denunciar que la fiscal los había apretado: o aceptaban el juicio abreviado o los jueces elevarían sus condenas, incluyendo un vocal que ya tenía escrita su sentencia.
El secretario del tribunal, Alejandro Noceti Achával, labró un acta, que no fue firmada por los abogados. El acta fue elevada a la Procuración. A su vez, el 15 de diciembre, Terragni desmintió que hubiera estado reunido con la fiscal. El tribunal pidió que aclare: sorprendentemente, Terragni y Arditti confirmaron su denuncia, algo refaccionada. A todo esto, Goral presentó su propia denuncia, ante la fiscalía 25. La situación del tribunal se hizo poco menos que insostenible: si condenaban, las defensas bramarían que las sentencias estaban redactadas de antemano. Si absolvían, la querella denunciaría un arreglo. “Violencia moral de tal magnitud”, describieron los jueces y se inhibieron.
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CARLOS BRANCA fue destituido por el Senado pero su "familia judicial" de la que formó parte lo absolvió de todos los cargos en su contra. Quedó impune.
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